Nuevo encuentro de trabajo entre el Fiscal Alberto Nisman y los directivos de AMIA. Optimismo de la dirigencia ante nuevas pruebas que comprometen aún más a Irán y a Rabbani.

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AJN. Tal como lo hacen todos los meses, y ante la proximidad de un nuevo aniversario por el atentado ocurrido el 18 de julio de 1994, el presidente de la Amia Guillermo Borger, junto con el Secretario General Julio Schlosser, se reunieron con el Fiscal de la causa Amia Alberto Nisman, ocasión en la que analizaron el estado de la causa y los avances que se han registrado. Al respecto, el presidente de la mutual anticipó a AJN que se retiraron satisfechos “nos mostró una parte de este profundo y muy importante trabajo que está realizando, y que tiene vinculación con nuevas pruebas que existen en poder de la Fiscalía, que fortifican aún más la responsabilidad de Irán en el atentado y de Mohsen Rabbani en particular”.
Tal como lo hacen todos los meses, y ante la proximidad de un nuevo aniversario por el atentado ocurrido el 18 de julio de 1994, el presidente de la Amia Guillermo Borger, junto con el Secretario General Julio Schlosser, se reunieron con el Fiscal de la causa Amia Alberto Nisman, ocasión en la que analizaron el estado de la causa y los avances que se han registrado.
Al respecto, el presidente de la mutual anticipó a AJN que se retiraron satisfechos “nos mostró una parte de este profundo y muy importante trabajo que está realizando, y que tiene vinculación con nuevas pruebas que existen en poder de la Fiscalía, que fortifican aún más la responsabilidad de Irán en el atentado y de Mohsen Rabbani en particular”.
En el mediodía de hoy, jueves, y “como solemos hacer regularmente, visitamos al fiscal para informarnos de cómo van avanzando las distintas investigaciones respecto de la causa”, ocasión en la cual “nos mostró una parte de este profundo y muy importante trabajo, que en cualquier momento va a revelar”, agregó.
“Es un trabajo que la Fiscalía viene realizando desde hace dos años y nos deja la expectativa y la esperanza de que sigamos avanzando en la investigación y que ésta nos lleve a que los muertos en la AMIA encuentren justicia”, señaló, por su parte, el secretario general de la entidad, Julio Schlosser.
“Cada prueba nos acerca más a la justicia, y el entusiasmo de las aseveraciones del fiscal hizo que nos hayamos retirado con optimismo”, resumió.
Si bien no trascendió el contenido de la investigación y los dirigentes comunitarios se negaron a hablar al respecto, cabe recordar que, el 18 de agosto de 2010, fuentes judiciales confirmaron a AJN que la Unidad Fiscal trabajaba con la Fiscalía del Distrito Sur de Brooklyn, Estados Unidos, para tratar de determinar la relación de Rabbani con Abdul Kadir, uno de los “terroristas extremistas musulmanes” guyaneses condenados por planificar un atentado en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, en 2006.
Según las fuentes, a Kadir se le encontró “documentación muy comprometedora” que lo vincularía con Rabbani, imputado por el atentado del 18 de julio de 1994, que provocó 85 muertos y cientos de heridos.
Se trató del segundo ataque terrorista perpetrado por presuntos fundamentalistas islámicos en Buenos Aires, ya que el 17 de marzo de 1992 una camioneta-bomba voló la Embajada de Israel y dejó un saldo de 29 fallecidos y centenares de damnificados.
Por otra parte, el 6 de diciembre de 2010 el diario brasileño Folha de São Paulo publicó que, en base a un informe de la CIA, el servicio de inteligencia exterior de los Estados Unidos, la Policía Federal brasileña y la ABIN, una agencia de inteligencia vinculada a la Presidencia, llevaban tres años investigando a 20 ciudadanos de ese país convertidos al islam, que habrían viajado a Irán supuestamente para capacitarse para conformar una célula terrorista en Brasil o desarrollar actividades en ese sentido.
Según el diario, uno de los impulsores de esa iniciativa sería Rabbani.
Y el 4 de abril de 2011, Nisman le anticipó a AJN que le pediría al secretario general de Interpol, Robert Noble, que confirme si el ex agregado cultural iraní solía viajar a Brasil con identidad falsa, tal como publicó la revista brasileña Veja.
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Satisfacción del Centro Wiesenthal por la sanción sin precedente contra Chacarita por cantos antisemitas

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El Centro Simon Wiesenthal expresó su satisfacción por la decisión del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de sancionar al club Chacarita Juniors por los cantos antisemitas de su hinchada durante un partido contra Atlanta, correspondiente al torneo B Nacional, de la segunda división de la Argentina. Según un comunicado enviado por el Centro Wiesenthal a la Agencia Judía de Noticias (AJN), “en una decisión sin precedentes”, que responde a los reclamos ya realizados por la organización, el Tribunal de Disciplina resolvió que Chacarita perderá los puntos obtenidos en ese encuentro disputado el pasado 11 de marzo de 2012, que incluyó violentos incidentes en los alrededores del estadio. Para Shimon Samuels, director de Relaciones Internacionales del Centro Wiesenthal, la decisión del organismo rector de la AFA representa “un paso positivo que muestra una tarjeta roja al odio, y constituye un precedente para otros países”. Por su parte, Sergio Widder, director del organismo para América Latina, expresó su deseo de que “esta decisión sirva para evitar las consignas racistas en el futuro”. “Estamos a disposición de AFA para cooperar en programas de promoción de la tolerancia en el fútbol”, agregó Widder. Asimismo, los representantes del Centro Wiesenthal apuntaron que recibieron “docenas de correos electrónicos de simpatizantes de Chacarita expresando sus disculpas y desasociándose de los cantos antisemitas”. “Nos informaron que ellos también reciben cantos racistas. Los estimulamos a que denuncien esos ataques, para fortalecer el fair play no sólo dentro del campo de juego sino también entre los amantes del fútbol”, concluyeron Samuels y Widder.

Menem y Galeano, a juicio oral

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El juez Ariel Lijo clausuró la parte de la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA vinculada a la “pista siria”, el cese de la pesquisa contra Alberto Jacinto Kanoore Edul, y la elevó a juicio oral.
En la misma están imputados el ex presidente Carlos Saúl Menem, el ex juez Juan José Galeano, el ex secretario de Inteligencia Hugo Anzorreguy y su entonces segundo, Juan Carlos Anchézar, y los ex comisarios Jorge Alberto Palacios y Carlos Antonio Castañeda, ex titulares de la Unidad de Investigaciones Antiterroristas (DUIA) y el Departamento de Protección del Orden Constitucional (DPOC).
Desde un principio, la investigación del ataque terrorista del 18 de julio de 1994, que provocó 85 muertos y centenares de heridos, llevó a Kanoore Edul, quien había llamado al último poseedor conocido del coche-bomba, Carlos Telleldín, para interiorizarse acerca de esa camioneta Trafic, el mismo día que éste declaró que la había vendido.
En virtud de ello, el entonces juez Galeano dispuso el allanamiento de su casa, la de su padre y su comercio, pero este procedimiento se vio demorado inexplicablemente, incluso con actitudes policiales que demostraban un sospechoso interés por evitar toda sorpresa.
Finalmente se realizaron sólo dos de los allanamientos y poco importante se secuestró, y esto recién fue analizado en 2000, cuando Menem había dejado el poder.
Allí se constataron los vínculos entre Kanoore Edul y Mohsen Rabbani, ex agregado cultural de la Embajada de Irán con pedido de captura internacional como ideólogo del impune atentado.
Las escuchas telefónicas probaron llamados entre el domicilio de Kanoore Edul y la Unidad Presidente y otros que indicaron el interés por frenar esa investigación.
El receptor de esos pedidos era el fallecido hermano de Menem, Munir, quien según el ex prosecretario del juzgado Claudio Lifschitz habría llamado al juez con ese fin.
Castañeda es la única persona condenada hasta ahora por encubrimiento, por la desaparición de los casetes de escuchas telefónicas a Telleldín mientras éste estaba prófugo, entre otros efectos.

Amnistía Internacional: Aumentan ejecuciones en Oriente Medio

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Un aumento de las ejecuciones el año pasado en Irán, Irak, Arabia Saudita y Yemen dio como resultado un considerable balance mundial con respecto al año previo, informó Amnistía Internacional, que se opone a la pena de muerte.
Estados Unidos continúa entre los primeros en la lista mundial de naciones por ejecuciones, en el quinto lugar, con 43 ejecuciones en el 2011.

Aunque el nivel mundial de las ejecuciones en el mundo había declinado en un tercio en la década pasada, a 676 casos documentados en el 2011, unas 18.750 siguen condenadas a ser ajusticiadas hasta fines de año en 20 países, comunicó Amnistía Internacional en su reporte anual.

«No creemos que los gobiernos deberían estar en el negocio de ejecutar ciudadanos. Es un papel incorrecto que un ejecutivo no debería tener, al margen de las circunstancias», destacó Suzanne Nossell, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, EE.UU.

Varios países castigan con la pena de muerte, incluso delitos como adulterio, sodomía y ofensas religiosas, entre ellos Irán, Pakistán y Arabia Saudita. En otros casos, por traficar con huesos humanos en la República del Congo y por delitos económicos como en China, en casos de venta de medicamentos falsificados o comida tóxica, o transplante ilegal de órganos.

China ejecuta a miles de personas cada año, muchas más que el resto del mundo junto. Las cifras son un secreto de estado, indicó Amnistía Internacinal, y dejó de recavarlas de fuentes públicas porque los números reportados tienden a ser menores comparado con el verdadero total.

AI desafío a Beijing a publicar las cifras de sentencias y ejecuciones «para confirmar sus aseveraciones de que varios cambios en la ley y en la práctica permitiron una importante reducción en la aplicación de la pena de muerte en los últimos cuatro años», indicó la organización.

La ola de ejecuciones en Oriente Medio – un aumento regional de 50% – dejó el año pasado un saldo global 149 ejecuciones más que en 2010 en todo el mundo.

Irán ejecutó al menos a 360 personas, muchas de ellas bajo nuevas y estrictas leyes contra las drogas. Las ejecuciones iraníes se llevan a cabo normalmente en la horca, a veces en grúas para construcción en público. Amnistía dijo que esto hizo que la empresa japonesa Tadano dejara de exportar las grúas a Irán en julio pasado.

Irak ajustició a 68 personas, en su mayoría sunnitas, sospechosos de pertenecer a grupos armados. El ex viceministro de relaciones exteriores de Saddam Hussein, Tariq Aziz, sería ejecutado en Irak a fines de este año.

Arabia Saudita ejecutó a por lo menos 82 personas, y Yemen, a 41.

Irán, Irak, Arabia Saudita y Yemen tuvieron en conjunto el 99% de las ejecuciones en Oriente Medio y en Africa del Norte, informó Amnistía, que no logró conseguir una cuenta de ejecuciones «legales en Libia», debido al caos reinante en el lugar, aunque hubo numerosos casos de tortura, detenciones y ejecuciones sumarias tanto por parte de las fuerzas del gobierno como de los rebeldes.

La organización criticó a Irán, Corea del Norte, Arabia Saudita y Somalia por realizar ejecuciones públicas.

Imputan al hermano del terrorista de Toulouse por complicidad

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La Fiscalía francesa pidió hoy la imputación del hermano del asesino de Toulouse Mohamed Merah por complicidad en los siete crímenes cometidos, al tiempo que abrió una investigación judicial para determinar si hay otros cómplices.

Abdelkader Merah, de 29 años, hermano mayor del asesino confeso abatido por la policía, se encuentra en dependencias judiciales a la espera de que un magistrado decida sobre su imputación, tras su detención el pasado miércoles.

La Fiscalía indicó que ha solicitado su inculpación y su mantenimiento en detención provisional por complicidad en las tres masacres que cometió su hermano, de 23 años; la de un soldado en Toulouse el pasado día 11, dos más en la vecina Montauban cuatro días más tarde y tres niños y un docente en una escuela judía.

“Las investigaciones llevadas a cabo por los servicios de policía han permitido establecer contra Abdelkader Merah la existencia de indicios graves o concordantes que hacen creíble su participación como cómplice en la comisión de crímenes ligados a una empresa terrorista”, señaló el Ministerio Público.

La Fiscalía señaló que “en este momento de la investigación ningún cargo puede ser retenido contra la madre y la novia” del hermano mayor, arrestadas también el pasado miércoles y que fueron puestas en libertad.

Aunque Mohamed cometió los crímenes solo, la investigación judicial tratará de determinar si Abdelkader u otras personas
le sirvieron de cómplices.

Según el semanario “Le Point”, el hermano mayor de Merah dijo en los interrogatorios que se sentía orgulloso de la forma en la que había actuado Mohamed.

Los dos hermanos fueron vistos juntos minutos antes de que el pasado día 6 fuera robada la moto con la que el menor se trasladó para cometer los crímenes.

Abdelkader confesó haber acompañado a su hermano a un concesionario para tratar de detectar el dispositivo de localización antirrobos de la moto.

Según el diario “Le Parisien”, la policía ha detectado, a través de un rastreo de geolocalización que el teléfono móvil del hermano mayor se encontraba en las inmediaciones de la escuela judía Ozar Hatorah de Toulouse el día en el que su hermano cometió allí una masacre.

La víspera, según ese rotativo, los dos hermanos cenaron juntos durante varias horas.

“Le Parisien” señala que la policía investiga si el hermano mayor está implicado en la reivindicación de los asesinatos que apareció en una página web en nombre de Al Qaeda.

También se interesan en saber si ayudó a su hermano a comprar el arsenal de armas que poseía, valorado en 20.000 euros (27.000 dólares) y que el asesino confeso dijo haber pagado con el botín de varios robos.

El análisis de la computadora requisada en el domicilio de Abdelkader y de la documentación aprehendida por la policía no ha dado resultados, según “Le Parisien”, que señala que en el domicilio del hermano mayor no se encontraron ni armas ni explosivos. EFE

Dorit Beinish se despidió de la Corte Suprema

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Al finalizar su cargo como presidente de la Corte Suprema de Justicia, la juez Dorit Binish (70) afirmó ante las principales autoridades judiciales que deja un Tribunal excelente, profesional y pluralista, compuesto por los mejores jueces de Israel.
En un emocionante discurso que pronunció en la ceremonia de despedida celebrada en su honor, Beinish dijo: «Como juez de la Corte Suprema creo que lo más importante es mantener la independencia de la corte, su libertad y su capacidad para implementar los valores democráticos».
«La línea que seguimos junto con mis colegas es que la política no es implantada desde la Fiscalía General del Estado. Siempre es necesario recordar que existen líneas rojas que no debemos cruzar y que no podemos renunciar a los principios básicos de nuestra labor», agregó.
Beinish aseveró que, a diferencia de los otros poderes del Estado, las columnas sobre las cuales se mantiene una Corte Suprema autónoma y profesional, están fortificadas por la confianza que los ciudadanos tienen en ella y no por si sus decisiones son o no populares.
«Esta ceremonia no es fácil para mí», dijo Beinish. «Me estoy despidiendo de la Corte Suprema de Justicia que fue mi hogar durante los últimos 15 años. El Tribunal Supremo no es otro lugar de trabajo y ser juez no es sólo una profesión más. La ley es parte de la personalidad y de la vida de cada juez», añadió visiblemente emocionada.
«El tribunal tendrá que ajustarse a una realidad cambiante. Sin embargo, no todo está en manos de la Corte Suprema de Justicia; otras instituciones deberán mancomunarse para resolver problemas», finalizó Beinish agradeciendo a sus colegas y especialmente a los miembros de su familia, sobre los cuales aseguró que su período como presidente de la Corte Suprema «no les fue nada fácil».
En su última sentencia, antes de retirarse del Tribunal Superior de Justicia, Beinish anuló – junto con otros seis jueces de la Corte – dos incisos de la Ley de Apoyo al Ingreso, que impedían a las personas que poseen un automóvil recibir cualquier tipo de subsidios, declarándolos anticonstitucionales.
Durante la ceremonia en Jerusalén, a la que asistieron un gran número de destacados funcionarios judiciales, entre ellos los ex presidentes de la Corte Suprema, Aharón Barak y Meir Shamgar, el ex juez del Tribunal Supremo, Itzjak Zamir, dijo que durante su período como presidente, la juez Beinish «logró defender los ataques a la Corte y salvaguardar su independencia y autoridad».
Las resoluciones de Beinish «no fueron emitidas desde una torre de marfil», agregó la Fiscalía. «La juez Beinish está totalmente conectada con la sociedad israelí, y esa conexión se debe principalmente a su profundo amor por este país».
El presidente entrante del Tribunal Supremo, el juez Asher Grunis, dijo que «Beinish posee una maravillosa combinación de amplios conocimientos jurídicos, por un lado, y un profundo entendimiento de la realidad, por otro; una combinación ganadora de un enorme respeto por los derechos humanos junto con un reconocimiento de la voluntad general hacia los intereses públicos y las exigencias de seguridad».
De acuerdo con Grunis, «su mandato no fue fácil. Beinish defendió la autoridad judicial con valentía, asertividad y determinación».

Extraído de Israel en Línea

Historia de la Solución Final, el juez Daniel Rafecas, reflexiona sobre su próximo libro

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Diario La Nación/Alejandro Dubesarsky

El genocidio del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial, fue el producto más perverso del régimen nazi

En pocos Días, saldrá a la luz el libro de el juez Daniel Rafecas sobre la Historia de la Solución Final, allí el magistrado vuelve sobre un tema que le interesa particularmente: el Holocausto llevado a cabo por el régimen nazi:, al que califica como: paradigma de violencia estatal y de totalitarismo y donde, a la vez, ratifica su compromiso con “la dimensión humana de lo que fue la Shoá”, así reflejó el autor su obra en diálogo con La Nación.

El nombre de Rafecas se hizo conocido en los últimos años porque fue el juez que intervino en las causas por los sobornos en el Senado, en la que procesó, entre otros, al ex presidente Fernando de la Rúa, y por violaciones de los derechos humanos en la jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, en la que imputó a 125 altos jefes militares, como Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone.

También fue el juez que procesó al almirante Jorge Godoy, ex jefe de la Armada, por espionaje ilegal, y el responsable de una original y contundente condena para tres skinheads menores de edad que habían atacado a un chico judío: los sentenció a recorrer la Fundación Memoria del Holocausto y a escuchar una clase sobre racismo.

Este juez de 44 años, casado, con dos hijos, recibido de abogado en 1990 y designado juez federal en 2004, es el mismo que casi no habla, pero que ahora está interesado en hacerlo porque el mes próximo lanzará, editado por Siglo XXI, un libro cuya investigación y redacción le demandó cinco años: Historia de la Solución Final. Una obra de 288 páginas que, en sus propias palabras, surgió como fruto de la preocupación por estudiar “ese paradigma de violencia estatal y de totalitarismo que fue el régimen nazi” y, al mismo tiempo, de su compromiso con “la dimensión humana de lo que fue la Shoá”.

-Le iba a preguntar por el origen de este libro, pero también me interesa el origen de su pasión por el estudio del tema del Holocausto. ¿Usted es de ascendencia judía?

-No, soy de origen católico y no tengo una implicancia personal con el tema, pero me fui acercando por el lado de las ciencias penales, de ése paradigma de violencia estatal y de totalitarismo que fue el régimen nacional socialista. Pero ese fue sólo el comienzo, el primer acercamiento al nazismo y a su producto más perverso, que fue el genocidio del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. Los primeros textos que leí fueron de Francisco Muñoz Conde, un penalista español muy importante, que hizo una investigación acerca del jurista alemán Edmund Mezger, el padre de todos los penalistas de casi toda América latina en los años 50 y 60. Mezger fue un muy importante jurista del régimen nazi y esto me sorprendió, me movilizó muchísimo, me indignó y, de alguna manera, eso también me motorizó a profundizar los estudios de estos temas. En una segunda etapa me atrapó por completo la dimensión humana de lo que fue la Shoá y todas las enormes implicancias de Auschwitz, todo ese proceso que desembocó en la matanza de unas dos millones y medio de personas en cámaras de gas en un lapso breve. Desarrollé una extrema sensibilización respecto de los casos en concreto, las víctimas, los mártires, los sobrevivientes, con los cuales estoy en contacto por mi trabajo en el Museo del Holocausto. Y en este contexto de compromiso con este tema, advertí que en el ámbito hispanoparlante carecíamos de un texto que permitiera al lector acercarse a la comprensión de lo que fue la solución final y de cómo se llegó a Auschwitz, cuáles fueron las etapas que llevaron a ese desenlace que constituye el agujero negro de los discursos de la modernidad.

-Quizá no sea casual que usted, un hombre del derecho, se haya dedicado a estudiar uno de los momentos históricos en los que las leyes se pusieron al servicio de una maquinaria asesina como la del régimen nazi.

-Esa es mi gran preocupación desde la óptica del jurista, del académico: el régimen nacional socialista es la peor demostración de cómo el derecho se puede poner al servicio del Estado democrático y también al servicio del peor régimen totalitario, proveyéndole discursos jurídicos que son fundamentales para racionalizar y calmar las conciencias de los burócratas, que son los que impulsan las medidas que llevan, por ejemplo, a la destrucción física de un pueblo. Tenemos que encontrar mecanismos y reaseguros para que el derecho nunca más se ponga al servicio del Estado autoritario. Ese es el gran desafío de las nuevas generaciones de juristas. Pero para eso es fundamental aprender qué fue el régimen nazi, qué fue la Shoá. Es cierta esa frase que se hizo tan famosa en la posguerra: nada es igual después de Auschwitz y todos tenemos la obligación moral de preocuparnos para que no se repita.

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